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Las administraciones territoriales deben casi 200 millones al sector de la discapacidad

27/10/2011

Las administraciones territoriales (comunidades autónomas, fundamentalmente, y ayuntamientos y diputaciones, en menor medida) tienen una deuda viva de 189 millones de euros con las organizaciones y entidades de la discapacidad agrupadas en torno al CERMI. Esta cifra incluye subvenciones aprobadas y no pagadas, así como facturas por entrega o prestaciones de bienes o servicios efectuados por organizaciones del tercer sector de la discapacidad, vencidas y no abonadas. De esta cantidad, la partida más cuantiosa, casi 60 millones de euros, corresponde a deudas de las administraciones territoriales con centros especiales de empleo.

A estas entidades (empresas cuya plantilla está integrada por, al menos, un 70% de trabajadores con discapacidad) se les adeuda esta cantidad tanto en concepto de subvenciones no satisfechas como de facturas no pagadas.

Además, los retrasos y aplazamientos en los pagos de estas obligaciones contraídas con entidades de la discapacidad llegan en algunos casos a los 24 meses, con la consiguiente asfixia financiera para este tipo de organizaciones de iniciativa social.
  
En cuanto a la financiación procedente de las obras sociales de las cajas de ahorros, las entidades de la discapacidad han apreciado una rebaja media superior al 50% en el último año con respecto a lo que venían recibiendo en años anteriores, menores ingresos que agudizan la precariedad de las estructuras del sector de la discapacidad.
  
Ante esta situación, que, según el CERMI, "pone en peligro la continuidad de buena parte de los servicios, recursos y dispositivos de atención a personas con discapacidad que mantiene esta parte del Tercer Sector", el Comité exige a los responsables políticos una actuación "inmediata" que lleve al abono de las cantidades acumuladas y un "compromiso firme" para que en el futuro se regularicen los pagos y no se generen estas bolsas de deuda.

Reacción de Pajín

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, se mostró convencida, durante su intervención en el Foro de la Nueva Sociedad, de que la aplicación y el desarrollo de la Ley de Dependencia, en manos de las comunidades autónomas, "es cuestión de voluntad política".
  
"No podemos olvidar que la aplicación de la ley y su desarrollo es una cuestión de voluntad política y que son los gobiernos autonómicos los responsables de hacer efectivas sus prestaciones", afirmó Pajín en el discurso pronunciado en el citado encuentro informativo, organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum.

En este sentido, aseguró que le "preocupa" la "desigual ejecución de la norma de la dependencia en las distintas comunidades autónomas".
  
Ejemplarizó diciendo que "la Comunidad Valenciana es una de las que peor cumple" con la ley. Su grado de cumplimiento, explicó, está muy por debajo de la media nacional y sus inversiones nuevas son escasas.

La titular de Política Social aseguró que la ejecución de la Ley de Dependencia "es uno de los motores" del cambio, ya que requiere de nuevos puestos de trabajo, muchos de ellos ya creados.
  
En materia de discapacidad, Pajín está segura de que su gobierno ha dejado "una hoja de servicios bastante contundente", pues, según indicó, ha cumplido promesas hechas al sector, como la aprobación de la ley de lengua de signos y apoyos a la comunicación oral o la adaptación normativa de la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad.
  
La ministra respondió así a una pregunta formulada en este foro sobre la deuda que tienen las administraciones públicas con el sector de la discapacidad, cercana a los 200 millones de euros.